29 de diciembre de 2020
“Estamos reclamando justicia y reparación. Ni estando unidos hemos vencido aún a esta empresa, peor separados como se realizó la audiencia hoy. Nuestros antepasados murieron en la Furukawa, por eso, hoy exigimos que se nos entreguen tierras y compensaciones, para vivir dignamente”
Declaraciones durante la audiencia de María Preciado, afectada por Furukawa.
El martes 29 de diciembre de 2020 a las 8:10 am, en la Unidad Judicial de la ciudad de Santo Domingo, se instaló la audiencia de acción de protección en contra del Estado ecuatoriano y la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, por el caso de servidumbre de la gleba al que han sido sometidas varias familias por dicha empresa, forma de esclavitud moderna prohibida internacionalmente por las Naciones Unidas. El caso se reveló ante las autoridades estatales en el primer trimestre de 2018, trascendió a la opinión pública en febrero de 2019 y hace un año, 123 personas afectadas presentaron una demanda por vulneración de derechos humanos, esto pese a que el Ministerio de Gobierno llegó a identificar a más de 1,100 personas afectadas.
Cientos de familias campesinas, afrodescendientes y montubias, durante casi sesenta años, han vivido hacinados y trabajado por salarios de subsistencia, cosechando abacá en condiciones indignas en campamentos ubicados en haciendas de esta compañía abacalera, sin que hayan podido cambiar su situación. Si bien, la instalación de la audiencia es un hito para la resolución del caso, el país atraviesa por una emergencia sanitaria y el gobierno central decretó un nuevo estado de excepción, por lo que el Comité de Solidaridad “Furukawa Nunca Más” solicitó al Juez que lleva la causa el aplazamiento de la audiencia, sin que haya escuchado este pedido.
En este sentido, las restricciones de movilidad impuestas dificultaron el desplazamiento de varias de las personas involucradas en el proceso, impidiendo que algunos testigos, peritos y otras personas que iban a presentar amicus curiae pudieran llegar a la ciudad de Santo Domingo para participar en la audiencia. A esta situación hay que añadir que la pericia sobre la contabilidad de la empresa, solicitada por el Juez, aún no ha concluido, precisamente porque el Gerente de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha impedido la realización de dicho peritaje, es decir, ha evitado que se conozca las ganancias que obtienen al someter a servidumbre de la gleba a los trabajadores agrícolas encargados de cosechar el abacá en sus haciendas.
Previo a la audiencia, se desarrolló una rueda de prensa, en la que se destacaron las violaciones a los derechos enfrentadas por los trabajadores y sus familias. Además, se destacó que las cuentas de Twitter @abacalerolibre y @cedhu fueron suspendidas a mediados de diciembre del 2020, lo cual llama particularmente la atención, pues parecería ser un intento de invisibilizar la instalación de la audiencia y el control social que el caso amerita. Para mayor información sobre las exigencias del Comité de Solidaridad dirigirse al video de la rueda de prensa disponible en: http://bit.ly/RuedaDePrensaFurukawaNuncaMas
La instalación de la audiencia se dio en medio del absoluto incumplimiento de las normas de bioseguridad necesarias en la coyuntura actual. No todos los accionantes pudieron ingresar y aquellos que sí lo hicieron tuvieron que permanecer hacinados durante el proceso que duró aproximadamente ocho horas, en varias salas habilitadas para el efecto.
Por otra parte, la audiencia estuvo afectada por la presencia de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional y de guardias armados de la empresa de seguridad privada de la compañía, quienes impidieron que los accionantes, sus abogados y demás acompañantes, pudiéramos tener libre acceso a la sala de audiencia, que puedan escuchar la diligencia al menos desde el umbral de la puerta, adicional al amedrentamiento que esto significa por parte del Estado (a través de la Policía Nacional) y de Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador (a través de su empresa de seguridad), representación gráfica del proceder durante décadas de una empresa que ha actuado con la complicidad del Estado Ecuatoriano.
“Todos los compañeros queremos justicia y reparación. No es justo que nos tengan parados aquí afuera de la sala de audiencia, como si uno no tuviera derecho a reclamar la justicia. Esto no es justo”
Declaraciones durante la audiencia de Luis González Jama, afectado por Furukawa.
Alrededor de las 16:30, el Juez decidió suspender la audiencia. Durante la mañana pudo escuchar los testimonios de varias mujeres y hombres que relataron su experiencia de vivir y trabajar para la empresa a costa de su empobrecimiento y graves violaciones a sus derechos a la salud, al trabajo, a la educación y a la vivienda, entre varios otros. Así mismo, dos Asambleístas de la Comisión de Derechos Colectivos (Juan Cristóbal Lloret y José Chalá Cruz) rindieron sus testimonios sobre la visita que realizaron como parte del proceso de fiscalización dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. Queda aún pendiente que los demandados, el Estado y la empresa, contesten la demanda, que se presenten los amicus curiae y se realicen los alegatos finales y la réplica que les corresponde a las familias afectadas, tal como ha informado su representante judicial, Alejandra Zambrano.
El Estado ecuatoriano debió, en 2018 en que tuvo pleno conocimiento del caso, tomar acciones diligentes y oportunas para sancionar a la empresa con todo el rigor de la ley y, así mismo, reparar a las víctimas de estas graves violaciones; sin embargo, omisión tras omisión actualmente es responsable por permitir que la empresa siga operando, hasta el día de hoy, en total impunidad mientras cientos de familias siguen esperando justicia y reparación. El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más exhorta a la función judicial a asegurar el debido proceso para la reinstalación de la audiencia y, sobre todo, a garantizar el acceso a la justicia, de manera efectiva y oportuna, para la protección de los derechos humanos de las familias que aún permanecen organizadas frente a la indolencia del gobierno nacional y los abusos cometidos por la empresa Furukawa.
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