A lo largo de esta semana, la ciudad de Ginebra ha acogido un nuevo hito en el proceso que se está desarrollando en Naciones Unidas para la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. La presidencia del grupo de trabajo intergubernamental creado en 2014 con este propósito, que recae en Ecuador, presentó el jueves 8 de marzo un informe en el que sintetizaba las principales conclusiones hasta la fecha. Tras la conflictiva tercera sesión de este grupo, celebrada en octubre del año pasado, se avanza así en el trabajo de fijación de los elementos constitutivos del futuro tratado internacional que debería ser el resultado de todo este proceso.

Eso sí, los riesgos de bloqueo y sabotaje del proceso por parte de la delegación de la Unión Europea —junto a otras como México y Brasil, alineadas con los parámetros neoliberales más ortodoxos— han estado plenamente vigentes, en línea con lo que ha venido siendo el recorrido histórico de este grupo de trabajo desde su creación. A medida que este avanza y se acerca el momento decisivo de negociar contenidos concretos, estas tendencias obstruccionistas aumentan en intensidad y agresividad. De ahí que las organizaciones sociales comprometidas con esta iniciativa estén dando la voz de alerta.

De dónde venimos

Habría que remontarse a la década de los setenta para situar el inicio de las discusiones sobre cómo controlar a las compañías multinacionales. Fue entonces cuando la ONU fijó entre sus prioridades elaborar un código de conducta internacional de carácter obligatorio para las grandes corporaciones. Pero la oposición frontal de las grandes potencias y los lobbies empresariales hicieron que esa normativa nunca llegara a poder ponerse en marcha. En su lugar, los códigos voluntarios de conducta y la responsabilidad social corporativa fueron la expresión del “compromiso” empresarial con los derechos humanos. El discurso oficial de Naciones Unidas fue evolucionando así desde la lógica de la obligatoriedad a la de la voluntariedad, cuya culminación fue el Global Compact y los Principios Rectores enunciados por John Ruggie.

Pese a la hegemonía de la que gozaban las posiciones más benévolas con el poder corporativo, enmarcadas en el impulso de la responsabilidad social corporativa y otras expresiones de derecho blando, la existencia de un equilibrio de fuerzas favorable en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU permitió hace cuatro años que se aprobara la resolución 26/9. En ella se establecía el mandato que daba inicio a los trabajos encaminados a la negociación y aprobación de un tratado internacional para el control de la actividad de las empresas transnacionales. Liderado por las delegaciones de Ecuador y Sudáfrica, el espíritu de este mandato estaba enfocado a poner fin a las continuadas violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las grandes corporaciones.

Desde que se creó este grupo de trabajo intergubernamental se han venido desarrollando un total de tres sesiones, marcadas por la ausencia de Estados Unidos y por la actitud hostil de la Unión Europea. De hecho, la UE constituye el principal obstáculo en el desarrollo de esta iniciativa. Haciendo gala de una retórica que dice asumir los principios inspiradores y objetivos del grupo de trabajo, en la práctica ha abanderado toda una serie de maniobras obstruccionistas en el seno del grupo de trabajo. En algunas de las sesiones celebradas llegó hasta a retirarse de los trabajos del grupo, dejando en evidencia que una de sus principales bazas para enfrentar el empuje de los gobiernos y las organizaciones sociales comprometidas con el tratado vinculante es la imposición de trabas burocráticas y de procedimiento. La UE ha tratado de multiplicar las tácticas dilatorias para llevar al proceso a un punto muerto antes incluso de comenzar a discutir sobre los contenidos concretos del tratado.

Al mismo tiempo, la estrategia de atacar la línea de flotación del tratado encabezada por la Unión pasa por defender una serie de elementos que desvirtúen al máximo el objetivo del mismo. Es decir, se trata de diluir y vaciar de contenido los ejes nucleares de la futura normativa internacional. Entre ellos destaca la ampliación de los agentes sujetos a regulación, con el fin de que no se aplique únicamente a las empresas transnacionales sino a “todo tipo de empresas”. Y también la defensa cerrada de un tratado que incluya el máximo posible de referencias a normas voluntarias, presentándolo como una iniciativa que no difiera sustancialmente de la línea de trabajo del Global Compact y los Principios Rectores. Para esta apuesta, la UE cuenta con algunas delegaciones aliadas en el consejo de Derechos Humanos de la ONU, como quedó de manifiesto en la última sesión.

En qué punto estamos

La tercera sesión, realizada del 23 al 27 de octubre del año pasado, es el antecedente inmediato del informe presentado ayer en Ginebra por la presidencia ecuatoriana. En aquella ocasión, el bloque de países contrario al tratado puso sobre la mesa todo el arsenal descrito, con el fin de hacer descarrilar el proceso y desvirtuar su sentido al máximo posible. Así, países como México, Australia, Chile o Brasil adoptaron de manera prácticamente literal el argumentario de la UE en este sentido.

Además de las maniobras y actitudes ya señaladas, uno de los puntos fundamentales de la estrategia de la UE es imponer la necesidad de una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos, con la que se establezca un renovado mandato de negociación. En la medida en que actualmente el equilibrio de posiciones en el seno de este organismo ha variado, incluyendo un mayor número de países hostiles al proceso, el objetivo es rebajar ese mandato, modificar sustancialmente su objeto o, incluso, dar por finalizado el proceso de elaboración del tratado. Todo esto sobrevoló la sesión del pasado mes de octubre, que finalmente no desembocó en el cierre del mandato de 2014 sino en la convocatoria de una cuarta sesión para octubre de 2018. Aun así, la posibilidad de que ese argumento vuelva a surgir en cualquiera de las reuniones de este año sigue vigente.

Por el momento esta vía no ha sido implementada. La sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrada esta semana se ha desarrollado en el marco de una relativa calma, sobre todo si tenemos en cuenta los antecedentes más cercanos. Esta reunión del Consejo tenía por objeto, junto a otra serie de cuestiones diversas, la presentación del informe elaborado por la presidencia ecuatoriana del grupo. Y este, recogiendo los elementos, aportes y debates emanados de la tercera sesión, ha establecido los elementos principales que deberán articular la negociación de los contenidos concretos del futuro tratado vinculante para el control de las grandes empresas. Todo ello tendrá su continuidad en el mes de junio, cuando la presidencia presentará un primer borrador del texto del tratado.

Puede decirse que el desarrollo de esta sesión ha sido más relajado en la superficie, aunque la tensión subyacente continua plenamente operativa. El rechazo del tratado vinculante por parte de una serie de actores altamente sometidos a procesos de captura corporativa sigue vigente, y condicionará los siguientes pasos del proceso. Bien es verdad que esta realidad no se ha manifestado con demasiada crudeza en esta ocasión. Ahora la Unión Europea ha preferido mantener un perfil bajo, señalando que “toma nota” del informe presentado por la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa. La UE ha señalado que continuará participando en el proceso “de manera constructiva”, remitiéndose al proceso de consultas informales que se va a desarrollar en los próximos meses de cara a la elaboración del borrador por parte de la presidencia. Visto de otro modo, la Unión considera que dispone de capacidad para condicionar el proceso en otros espacios no públicos de negociación diplomática.

Otros actores, como México y sobre todo Brasil, también marcaron claramente su postura en favor de rebajar sustancialmente el objeto del tratado, remarcando los Principios Rectores como eje vertebrador del trabajo de la ONU en este ámbito. Este mismo principio fue enunciado por el representante de Estado Unidos, que habló de “preocupación” por el antagonismo que esta iniciativa supone respecto a la línea de priorización de normas voluntarias para las empresas en materia de derechos humanos. EEUU, que hasta ahora se había autoexcluido del proceso al estar públicamente en contra de su propia existencia, no renuncia a tomar la palabra para tratar de desestabilizar más aún un proceso ya sometido a un importante grado de ataque corporativo. En el sentido contrario, otros países se manifestaron efusivamente en favor de la continuidad del proceso manteniendo sus objetivos y valores originales: Venezuela, Cuba, Togo (en nombre del African Group), Bolivia, Argelia o Azerbaiyán fueron muy gráficos en su apoyo al informe presentado por Ecuador.

Adónde vamos

Tal y como destacaron distintos miembros de la delegación ecuatoriana, este proceso no hubiera sido posible sin el empuje y soporte ofrecido por toda una red de organizaciones y movimientos de lucha global contra la impunidad de las multinacionales. Así, la campaña Desmantelemos el Poder Corporativo ha estado presente en Ginebra, combinando actividades de movilización con labores de incidencia política. Con el objetivo de que el documento sobre el que se fundamente el proceso de negociación del tratado a partir de la cuarta sesión —prevista ya oficialmente entre el 15 y el 19 de octubre de este año— parta de los estándares más elevados posibles frente a los intentos de descafeinar el proceso.

Parece claro que esta reunión se ha celebrado en un contexto de tensa calma, bajo un prisma de falsa aceptación del proceso por parte de agentes hostiles al mismo. Así, en lugar de dar una batalla pública que no resulta precisamente popular ni fácil de justificar, todo apunta a que estos actores —principalmente la UE— se encaminan a profundizar en el trabajo diplomático “bajo cuerda”, tratando de incidir en el borrador de tratado que debe ser presentado en junio. Se trataría de acrecentar la guerra soterrada en negociaciones no públicas, y ahí hacer valer frente a Ecuador, Sudáfrica y sus aliados todo su poder de potencia central, tanto en términos económicos como políticos.

Asimismo, la posibilidad de que se intente poner fin al proceso de manera abrupta mediante la imposición de la necesidad de una nueva resolución con un nuevo mandato sigue estando ahí, y planea sobre el proceso de “consultas informales” que precederá a la presentación del borrador de tratado. A medida que se acerca el momento en el que eventualmente haya que comenzar a negociar contenidos concretos, se irán sumando al proceso nuevos actores —como EEUU— que seguramente no perderán ocasión de atacar públicamente el proceso.

En este contexto, la defensa de los principios fundamentales que caracterizaron el mandato original de 2014 aparece como la clave para dotar de sentido a todo este proceso: primacía de las reglas vinculantes frente a la insuficiencia e inoperatividad de las normas voluntarias, y centralidad de las empresas transnacionales como principales agentes a controlar y fiscalizar en el marco de este tratado. Para ello, ya hay propuestas de las organizaciones sociales para concretar el contenido del tratado. Los próximos meses serán determinantes para decantar el proceso, en uno u otro sentido.

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Gorka Martija es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.