Por David Suáres CH*
Hace una década, el nombre de un pequeño poblado enclavado en la noramazonía saltaba a las planas mayores de la prensa y a los titulares de los telediarios. Las imágenes mostraban un deslustrado villorio de casas de madera apenas perfilado por entre el humo de los gases y la inusitada presencia de vehículos militares y pelotones militares al asalto.
Entre todas las fotografías destacaba la imagen de un hombre con el rostro amoratado, visiblemente atemorizado quien permanecía en cuclillas bajo la custodia de tres militares ataviados de escudos y toletes; uno de ellos blande en el aire un tolete de descomunal tamaño y grosor. Está listo para hacer blanco en el rostro del hombre que se encuentra ya rendido e indefenso. La fotografía no pudo ser más elocuente, el operativo militar bien pudo haberse bautizado “Humillación”.
Después sabríamos, nos lo contaría la pluma de Milagros Aguirre en un libro titulado Dayuma, nunca más (Cicame-2007), que Dayuma era una parroquia sin agua potable, servicios sanitarios, y con una posta médica en la que apenas se podían encontrar insumos para atender emergencias. Un poblado cuyo único espacio público era un canchón irregular transformado en coliseo y serpenteado por una serie de oleoductos por donde manaba el principal recurso de la nación. Lo contrario de un oasis, un pequeño punto acumulado de miseria en medio de un mar de riqueza petrolífera.
El texto de Aguirre reconstruyó de manera metódica la humillación sufrida por la población a manos de los militares. Contrapuso los testimonios de decenas de pobladores encarcelados y vejados, al relato oficial que presentaba lo acontecido como el sofocamiento de una grave conjura, un complot orquestado por un puñado de gutierristas en connivencia con elementos sediciosos – algunos incluso, posiblemente subversivos – para destrozar la economía del país y su naciente régimen político al que algunos denominaban revolucionario.
No se escatimaron llamados a la unidad nacional, a la espera paciente por el “momento oportuno”, a la solidaridad y a la consideración del brillante momento de la patria.
La población soportó las calumnias y los agravios en silencio. El carácter levantisco de este pequeño punto del país se vio morigerado después del descomunal ejercicio de fuerza contra sus habitantes. De manera tardía llegarían las respuestas que los pobladores deseaban escuchar: asfaltado de la vía, alcantarillado, programas de agua potable y sanidad.
Una década más tarde Dayuma vuelve a inquietarnos desde los márgenes. Una paralización que lleva ya cerca de 10 días en demanda de atención a las deterioradas condiciones de trabajo de los pobladores en el sector petrolero vuelve a poner la mano sobre la herida.
De acuerdo a la información disponible la paralización apunta en lo nodal a los impactos negativos que ha tenido en el sector petrolero la irregular relación establecida entre las operadoras petroleras y las compañías subcontratistas, especialmente en lo que se atiene a las condiciones laborales y el cumplimiento de los derechos de trabajadores.
A finales de 2016, la empresa Petroamazonas suscribió un polémico acuerdo con la multinacional franco-estadounidense Schlumberger para la explotación del Campo Auca en el Bloque 61 ubicado en la amazónica Provincia de Orellana.
Como parte de su operación Schlumberger ha subcontratado a varias empresas contratistas, entre ellas CGA (Construcciones Globales Andinas), para realizar labores relativas al mantenimiento y operación de los campos.
Los pobladores y trabajadores de Dayuma denuncian que la empresa ha deteriorado de manera significativa las condiciones laborales recortando beneficios en los rubros de alimentación, campamentos y transporte.
El fondo de la conflictividad laboral se explica en gran medida por una política irregular de contratación de la fuerza de trabajo que se ha extendido al amparo del abuso y generalización de la figura de las empresas subcontratistas. Terreno fértil por cierto para el florecimiento de corruptelas y empresas fantasmas que acumulan fortunas de la noche a la mañana favorecidas por ingentes contratos para los que no existen resguardos ni garantías suficientes.
Sin ir muy lejos, la empresa ARB domiciliada en un paraíso fiscal estafó entre 2013 y 2015 a más de 50 trabajadores kichwas y a un número mayor de proveedores de servicios, durante las labores de construcción de campamentos y operativización del Bloque 31 dentro del Parque Nacional Yasuní.
Con el patrocinio de la Fundación Alejandro Labaka, los trabajadores kichwas pertenecientes a comunidades del Bajo Napo intentaron sin suerte varios mecanismos de reclamación legal por sueldos no pagados, indemnizaciones y liquidaciones adeudadas, además del pago de haberes realizado con cheques sin fondos.
Los representantes legales de la empresa se encuentran desaparecidos y los campamentos de ARB abandonados, sin que Petroamazonas responda por los abusos e ilegalidades cometidas por su empresa subcontratista.
Del mismo modo, en Dayuma se acusa a CGA de mantener vínculos con la empresa Techint, un consorcio argentino que también mantiene obligaciones y prestaciones impagas a los trabajadores de Dayuma.
Casi dos años después de la celebración con bombos y platillos de la entrega del Bloque 61 a Schlumberger el panorama en el sector petrolero aparece saturado por las denuncias de proveedores impagos y conflictos laborales recurrentes. La paralización se suma a una serie de protestas laborales que empezaron a crecer desde principios del 2016. Solo un ojo agudo puede dar cuenta de que en Dayuma se está librando –nuevamente– una batalla trascendental para los intereses de las clases populares del país. La defensa irrestricta de las condiciones y conquistas laborales producidas por luchas sociales como las que están librando los trabajadores y pobladores de Dayuma resultan de interés primordial para evitar que las anunciadas reformas laborales terminen produciendo reveses más graves de los ya sufridos a manos de múltiples decretos y reorganizaciones del espíritu original del mandato entregado por los trabajadores a los constituyentes de Montecristi.
Hace una década, el humo de los gases, los discursos sobre la hora de la patria, la solidaridad nacional y la búsqueda del momento oportuno nos impidieron aquilatar las deudas históricas que mantiene esta patriacon sus pobladores amazónicos; además de pasar por alto el hecho de que la desaforada represión del 2007 en Dayuma antes que un error, fue una operación política para instituir la nueva correlación de fuerzas con respecto a las luchas sociales ensayanado la capacidad estatal de obliterarlas por la fuerza.
Es deseable que esta vez el humo blanco de los diálogos, las urgencias políticas por cerrar filas detrás del gobierno –de manera harto prematura y sin conocer el contenido final de los acuerdos– y la intoxicante novela política de la coyuntura, no nos impida ver ahora la generosa batalla que están librando los dayumenses en nombre de todos los trabajadores del país. No importa si ellos son plenamente conscientes de este último hecho, lo importante es que lo hacen.
* Investigador y activista en temas de amazonía y pueblos indígenas.
Colaborador de La Linea de Fuego.
Fuente: Linea de Fuego
