Por: Joseph Purugganan*
Presentación realizada en la Consulta Regional, Capacitación y Reunión del Colectivo sobre Derechos Humanos LaVía Campesina, 27 de marzo de 2018 en Yakarta, Indonesia
En nombre de Focus on the Global South, permítanme comenzar elogiando el arduo trabajo que se ha desplegado en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Es realmente un documento notable. Permítanme expresar nuestra esperanza no solo por la adopción de esta Declaración por parte de las Naciones Unidas, sino por la plena realización de estos derechos para las futuras generaciones de campesinos y campesinas cuya vida depende de la tierra.
Es un esfuerzo extraordinario en aras de hacer valer los derechos de los/as campesinos/as sobre todo en medio de lo que está sucediendo en la región y en todo el mundo, donde estamos siendo testigos de la continua erosión, pero mucho más, de la demonización de los derechos humanos. Los derechos humanos y las libertades fundamentales se ven actualmente como un obstáculo para el desarrollo, se alimenta la idea de que estos derechos no son importantes y se pueden intercambiar por algo más tangible como la ley y el orden, lucha contra las drogas y la criminalidad.
Estamos asistiendo a la aparición creciente de líderes autoritarios populistas, hombres fuertes, que prometen desarrollo, mientras siembran el miedo y el terror, destruyen las instituciones democráticas y pisotean los derechos de los pueblos y las libertades fundamentales.
Afirmar los derechos particulares de los/as campesinos/as es también un gran desafío en un momento en que se difunde crecientemente la idea de que ciertas personas no poseen derechos en absoluto debido a quiénes son y en qué se han convertido, por ejemplo las personas drogadictas. Las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas constituyen una triste prueba de ello. Miles de vidas han sido arrebatadas arbitraria y violentamente sin el debido proceso judicial. Las víctimas también han incluido personas defensoras de los derechos humanos, activistas de los derechos a la tierra, ecologistas-agricultores/as, trabajadores/as de Pueblos Indígenas-todas ellas víctimas de una violencia que ya existía pero que se ha evidenciado durante los últimos dos en Filipinas.
Muy recientemente, el Departamento de Justicia de Filipinas solicitó al tribunal que declarara terroristas a una lista de alrededor de 600 personas (aunque algunos dicen que la lista se puede ampliar a mil personas). La lista incluye, entre otros, a Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La línea divisoria entre la disidencia legítima, la afirmación legítima y la defensa de los Derechos de los Pueblos y el terrorismo se están desdibujando, torándose cada vez más peligrosa para las persoas defensoras de los derechos humanos.
Esta es la triste realidad a la que nos enfrentamos en nuestra defensa de los derechos de los/as campesinos/as en Filipinas y la región.
También estamos en medio de lo que mucha gente llama una reacción de globalización, donde las personas que han sido privadas de derechos, desposeídas y afectadas negativamente por las políticas económicas de globalización como la liberalización del comercio, la desregulación y la privatización, están expresando su descontento a través de las urnas y en las calles. La gente está harta de no tener empleos decentes, salarios bajos, del aumento de los costes de la atención médica, la educación y la alimentación, y los sistemas de transporte deficientes.
Lamentablemente, se recurre a políticos de derecha, como Donald Trump en los EE. UU. y Rodrigo Duterte en Filipinas, para resolver estas inquietudes. Sin embargo, un examen más cuidadoso de las políticas económicas muestra que ha habido muy poca desviación del camino neoliberal, pro-corporativo y anti-pobreza.
Quizás el sector más duramente golpeado por la globalización sea la agricultura. Su aporte al desarrollo ha ido disminuyendo constantemente desde los años 90 (identificada por algunos como la era de la globalización neoliberal). En Indonesia, la agricultura representa alrededor del 14% del PIB, y en las Filipinas, incluso el porcentaje es menor (9,7%). Incluso en Tailandia, conocido por ser un país exportador de productos agrícolas, la contribución de la agricultura se ha reducido a alrededor del 8% del PIB según las estimaciones del Banco Mundial (2016).(1)
La globalización ha cambiado al campo. Ha tenido un impacto sobre los procesos de producción agrícola, sobre la economía rural en general y las relaciones sociales entre los pueblos en las áreas rurales.
Varios estudios señalan hasta qué punto se ha descuidado la agricultura campesina como resultado de la globalización, así como el predominio de la llamada agricultura moderna, la agricultura intensiva en capital y extensiva en tierras en los países desarrollados (2). Las importaciones de productos agrícolas más baratos por parte de estos países inundaron los mercados y muchas granjas pequeñas no pudieron competir. Mientras tanto, los gobiernos cambiaron sus políticas de apoyo a la agricultura. La agricultura campesina fue golpeada así doblemente, por lo que Walden Bello demonia el desastre sin paliativos que resultó de la liberalización del comercio combinado con la disminución de la inversión pública en la agricultura (3).
Algunos/as estudiosos/as afirman que todos estos cambios — en los procesos de producción, en la tecnología, en toda la economía agrícola, y la penetración del capital en las áreas rurales, han disminuido la importancia de la agricultura campesina incluso en el área de la producción de alimentos básicos (4). La Vía Campesina desafía esto y ha dado su contra-respuesta sobre la importancia creciente de la agricultura campesina. En el proyecto de Declaración, La Vía Campesina afirma que “las contribuciones pasadas, presentes y futuras de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales en todas las regiones del
mundo al desarrollo y a la conservación y el mejoramiento de la biodiversidad, que constituye la base de la producción alimentaria y agrícola en todo el mundo, y su contribución para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y la seguridad
alimentaria” (5).
En muchos aspectos, esta es la esencia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los/as campesinos/as: el reconocimiento de la importancia y relevancia continuas de la agricultura campesina hoy y para el futuro.
En la actualidad existe un fuerte impulso para lo que se llama las políticas de comercio e inversión del siglo XXI que ahora dan más énfasis al comercio de bienes intermedios y las cadenas globales de valor. Gran parte de este entramado político radica la promoción de mega acuerdos de libre comercio (TLC) como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el Acuerdo de Asociación Económica Integral UE-Indonesia (CEPA) y el TPP revitalizado (rebautizado como el TPP integral y progresivo), todos ellos instrumentos de la agenda corporativa. Estos TLC constituyen una amenaza para los derechos de los/as campesinos/as, para los derechos humanos en general y para la Soberanía de los Pueblos.
Los elementos más ambiciosos de estos mega-acuerdos son particularmente problemáticos, y los hacen muy distintos de la generación anterior de acuerdos de libre comercio.
El primer problema se ubica en los derechos de propiedad intelectual (DPI). Los/as defensores/as de la salud se han movilizado en contra de estos TLC y sus disposiciones sobre DPI, así como su impacto en el acceso a los medicamentos y a la salud pública.
Asimismo, el capítulo de DPI socava los derechos de los/as agricultores/as. El capítulo de DPI en RCEP forzará a los países a cumplir con UPOV 91 (6) – una convención internacional que ha sido altamente criticada por organizaciones de agricultores/as y grupos de apoyo por «eliminar el derecho de los/as agricultores/as a guardar semillas privatizadas y por establecer límites a lo que otros productores pueden hacer con esas semillas” (7). Esto se contrapone con el Artículo 19 de la Declaración sobre el derecho a las semillas.
Otro problema importante en la región radica en el mecanismo de solución de controversias (ISDS) Estado-inversionista, una disposición presente en el capítulo de inversión de RCEP y de todos los TLC de nueva generación. Esto también van en contra del cumplimiento de los derechos de los/as campesinos/as.
La Declaración afirma la obligación general de los Estados de tomar medidas para evitar que empresas transnacionales (ETNs) y otras empresas, no impidan ni menoscaben el disfrute de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (8).
El mecanismo ISDS dará a las transnacionales, muchas de las cuales tienen ingresos anuales mayores que el PIB de la mayoría de los países de la ASEAN, y por lo tanto tienen más poder económico en comparación con los gobiernos de estos países: el derecho y, aún más, el poder para demandar a los gobiernos por las políticas y regulaciones públicas, ante tribunales ad-hoc secretos. Estos tribunales, o mejor dicho, estos tribunales corporativos, han dictado sentencias de millones de dólares que han penalizado a los gobiernos por acciones regulatorias destinadas a defender la salud pública, buscar un desarrollo más inclusivo, proteger el medioambiente y el interés público en general.
Es importante destacar aquí la necesidad de vincular los esfuerzos en pos de una Declaración sobre los Derechos de los/as Campesinos/as con el esfuerzo, también presente en el Consejo de Derechos Humanos, por un Tratado jurídicamente viculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Se trata de esfuerzos paralelos y complementarios para afirmar la Soberanía y los Derechos de los Pueblos y buscar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las víctimas de delitos corporativos.
El comercio del siglo XXI ha fortalecido las cadenas globales de valor. En la agricultura, si reflexionamos desde desde la producción y el uso de semillas, el acceso y control de la tierra, el acceso a tecnologías de producción, se hace evidente cómo las grandes corporaciones dominan la cadena de suministro.
En un documento sobre la captura corporativa de la producción agrícola, Yoke Ling de Third World Network (TWN) señala: «Seis empresas controlan los mercados globales de semillas y agroquímicos industriales con un total de ventas de más de 65 mil millones de dólares por año, representando más de 75% de toda la investigación agrícola del sector privado en semillas y productos químicos. Tres de estas compañías (Monsanto, Dupont y Syngenta) controlan el 55% del mercado mundial de semillas, mientras que otras tres (Syngenta, Bayer y BASF) controlan el 51% de la producción de agroquímicos” (9).
Así, de acuerdo con Yoke Ling «un puñado de corporaciones controlan toda la cadena de producción desde la investigación hasta los productos finales. Este poder sobre el mercado también les permite lograr que las legislaturas aprueben leyes que conviertan las semillas en «propiedad intelectual» privada, penalicen a los pequeños agricultores por salvar, replantar y vender semillas y diluyan los esfuerzos para regular los organismos genéticamente modificados» (10).
Otro tema que es relevante para los derechos de los/as campesinos/as, ya que impacta directamente en el tema de la tierra y los derechos sobre ésta, es el fuerte impulso para las inversiones en infraestructuras. China está presionando mediante su iniciativa de gran cinturón y carreteras, y la nueva ruta de seda; proyectos masivos de infraestructura que unen masas terrestres y rutas marítimas en nombre del desarrollo. La inversión en infraestructuras también se justifica vinculándose con la agenda de la conectividad. Los proyectos de infraestructuras se vinculan con la necesidad de conectividad física, mientras que la armonización de normas y estándares, como los DPI, se vinculan con la necesidad de conectividad institucional. Como destacó hoy el Presidente Nacional de la Comisión de Derechos Humanos, Ahmad Damanik, estos proyectos de infraestructura y desarrollo amenazan con desalojar a los pueblos y las comunidades de sus tierras.
La idea de la gestión y administración de la tierra se propone para facilitar más inversiones en tierras y así otorgar más tierras a las empresas.
Existen importantes fuerzas políticas y económicas cuya agenda va en contra de la plena realización de los derechos de los/as campesinos/as, y quienes ejercerán su poder e influencia para descarrilar nuestra campaña.
He descrito solo algunos de los desafíos que socavan los derechos de los/as campesinos/as. Estos son los desafíos que enfrenta nuestra campaña. Nuestra firme reivindicación de los derechos de los/as campesinos/as constituye una gran contribución para hacer retroceder la represión y la criminalización de los/as campesinos/as. Nuestra firme apelación sobre los derechos de los/as campesinos/as representa una contribución al desmantelamiento del poder corporativo y al fortalecimiento de la Soberanía de los Pueblos.
*Texto presentado por Joseph Purugganan de Focus on the Global South en la reunión de La Via Campesina en Jakarta, que vincula 2 procesos clave para la Campaña Globalpara un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos, que tienen lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (liderada por La Via Campesina y que cuenta con el apoyo, entre otros, de varios miembros de la Campaña Global), y el Tratado Vinculante sobre transnacionales y derechos humanos.
Notas:
(1) Valor añadido de la agricultura como porcentaje del PIB. Datos del Banco Mundial. Consulta: marzo de 2018.
https://data.worldbank.org/
(2) Citado por Espinel, Ramon. (2018). Multifunctionality in Peasant Agriculture: a means of
Insertion into Globalization.
(3) Bello, Walden, Multilateral Punishment: The Philippines in the WTO 1995-2003. Focus on the
Global South. June 2003.
(4) Referido por Espinel, Ramon. (2018). Multifunctionality in Peasant Agriculture: a means of
Insertion into Globalization.
(5) Proyecto revisado de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Febrero de 2018. https://documents-dds-ny.un.
(6) UPOV es el acrónimo francés para la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. UPOV91 se refiere al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV
(7) GRAIN (2015) UPOV 91 and other seed laws: A basic primer on how companies intend to
control and monopolize seed. Online: https://www.grain.org/article/
seed-laws-a-basic-primer-on-
(8) Proyecto revisado de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Febrero de 2018. https://documents-dds-ny.un.
(9) Yoke Ling, Chee. Corporate capture subverts production and consumption transformation.
Spotlights on the Sustainable Development 2016.. Social Watch.2016.
http://www.socialwatch.org/
(10) Yoke Ling, Chee. Corporate capture subverts production and consumption transformation.
Spotlights on the Sustainable Development 2016.. Social Watch.2016.
http://www.socialwatch.org/
