Pablo José Iturralde y Sofía Jarrín Hidalgo
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
A finales del mes de abril, hizo noticia que la mitad de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) -sus miembros menos progresistas- decidieron no acudir más a las reuniones del organismo hasta que se resuelvan los problemas que impiden el funcionamiento del grupo.
Con su creación, UNASUR logró un consenso generalizado para consolidar un proyecto regional que contrarreste la influencia hegemónica de los Estados Unidos en la región. Finalmente, tras una década de su fundación, el cambio de poderes en el continente agudiza nuevamente las diferencias y amenaza con desaparecer el más importante proyecto de integración que ha conocido el continente.
Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Brasil pretenden no asistir por tiempo indefinido a la UNASUR, argumentando razones administrativas, pero esto solamente es el corolario de una vieja intención de las fuerzas conservadoras, que ahora se manifiesta en los gobiernos de estos países; los cuales pretenden alinear nuevamente a la región a un proyecto de integración liderado por la influencia norteamericana, con la imposición de áreas de libre comercio y la construcción de infraestructura que facilite el acceso a los recursos naturales y la circulación de mercancías, mediante la concreción de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
Lo previsto era que UNASUR construya lazos políticos, culturales e institucionales que superen los estrictos y limitados acuerdos de libre comercio y los arreglos aduaneros que caracterizaron la política regional hasta finales del siglo XX. Sin embargo, se avanzó poco en la operatividad real del bloque, tal como ha sido comentado extensamente por políticos y académicos. En la práctica, solamente el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), sucesor de IIRSA, tuvo una operación activa, realizando más actividades que todos los otros Consejos sectoriales juntos, constituyéndose en el más atendido y dinámico de la organización.
El gran reto de COSIPLAN fue sustituir al IIRSA, reorientando la planificación a las necesidades sociales y ambientales para lograr la consolidación del comercio intrarregional, y aplicando un control soberano sobre los recursos naturales. Los acuerdos conquistados en el nuevo espíritu integracionista generaron una ideología regional post-liberal que llegó a ser la postura dominante en el punto más alto del ciclo de los gobiernos progresistas. Pero, aunque hubo un mandato explícito del COSIPLAN para diferenciarse de IIRSA, en realidad, citando a Gramsci, “lo nuevo no acabó de nacer y lo viejo no terminó de morir”. Entre otras razones, una causa importante fue que las reformas del COSIPLAN no tocaron a las viejas estructuras controladas por las Instituciones Financieras Internacionales.
Pese a que su estructura actual está conformada por una docena de instancias responsables de alinear la iniciativa a los objetivos, es el antiguo Comité de Coordinación Técnico (CCT) del IIRSA el que lleva la rectoría y las decisiones importantes del Consejo Sectorial, el cual está integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Mientras tanto, los ministros de obras y planeamiento, que también son parte del COSIPLAN, mantienen un segundo puesto detrás de las instituciones financieras.
Lo lógico es que el CCT de los acreedores debería contar con un mandato estrictamente apegado al apoyo financiero; pero en la práctica esta instancia realizó la planificación de actividades y se constituyó en la memoria institucional del IIRSA-COSIPLAN. En otras palabras, la organización del COSIPLAN -tal como se realizó antes permitió que los principales actores en la evaluación del financiamiento y la decisión sobre ejecución de los proyectos sea un mismo sector: la Banca de Desarrollo tradicional.
Están a la vista los conflictos que implican esta forma de operación: ¿cómo un banco puede decidir sobre la inversión de su cliente sin que existan posibles conflictos de interés entre prestatario y acreedor? La estructura de la organización dejó intacto el poder de las instituciones bancarias, siendo el CCT la mayor muestra de subordinación de lo político a lo financiero. Aunque en lo político hayan existido ciertas manifestaciones de cambio, éstas no terminaron de imponerse, y ahora están en el punto de mayor vulnerabilidad. Solo queda para la anécdota contar que incluso la dirección de internet del COSIPLAN sigue siendo la del proyecto del que pretendía distinguirse: www.iirsa.org. Haga la prueba usted mismo, copie y pegue la dirección web y tendrá su verificación. En cambio, y aunque es más difícil verificar las diferencias con IIRSA, -hay que decirlo claramente: hubo importantes avances en la orientación del tipo de integración. No es una cosa menor que en sus mandatos -como en su Agenda de Acción Estratégica 2012-2022- se recurra permanentemente a objetivos como superar la pobreza estructural; combatir las desigualdades entre centros y periferias; la defensa de los recursos naturales; y la biodiversidad.
Ahora bien, sin ninguna intención de ignorar ciertos límites en los gobiernos progresistas, hay que considerar que tanto UNASUR como Alba y Celac surgen en respuesta de la crisis del capitalismo global. Todos estos proyectos demandan a los Estados periféricos latinoamericanos adaptar su política exterior a un proyecto de integración que permita fortalecer la coordinación política y regionalizar la producción para mejorar los términos de intercambio frente a las grandes potencias. No obstante, siempre encontraremos críticos que consideran tajantemente que COSIPLAN e IIRSA son iguales. Tienen algunas razones para argumentarlo, pero incluso considerando la peor evaluación del COSIPLAN, es inevitable aceptar que la crisis de UNASUR ofrece ahora menos oportunidades para la región.
Además, es ineludible reconocer que el bloque de países que se separan de UNASUR está reclamando nuevos espacios de representación política y tienen como eje gravitacional la Alianza del Pacífico, hoy por hoy, la principal manifestación de fracturación política e institucional de la región. Su proceso, observado oficialmente por los Estados Unidos, y sus principales miembros, los países que aplicaron sistemáticamente el Consenso de Washington; requieren de la crisis de UNASUR para impulsar su propia integración comercial. Finalmente, todo esto se verá reflejado en el fortalecimiento de la vieja forma de concebir la construcción de infraestructura para beneficio del capital financiero.
