El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha anunciado la prohibición del uso de celulares en los recintos electorales durante las elecciones del 13 de abril, justificando esta medida en la supuesta prevención de presiones indebidas sobre los votantes por parte de grupos criminales. Sin embargo, esta decisión es altamente cuestionable desde el punto de vista legal, constitucional y democrático, y genera graves riesgos para la transparencia del proceso electoral.
El aspecto más preocupante de esta prohibición es que no solo afecta a los votantes, sino también a los ayudantes de juntas y a los veedores ciudadanos, limitando severamente su capacidad de fiscalizar el desarrollo de la jornada electoral. La veeduría ciudadana es un pilar fundamental para garantizar la legitimidad de los resultados, y restringir la posibilidad de documentar irregularidades con herramientas digitales solo abre la puerta a la opacidad y al fraude.
Además, la narrativa oficial para justificar la prohibición carece de evidencia. No existen denuncias formales ni pruebas de que grupos criminales hayan extorsionado a ciudadanos para coaccionar su voto mediante la verificación de fotografías. La medida, por lo tanto, se sustenta en una premisa sin sustento fáctico, lo que sugiere que su verdadero propósito podría ser otro: restringir la participación y fiscalización ciudadana.
La prohibición del uso de celulares la prohibición de celulares podría acarrear diversas implicaciones penales para los miembros del CNE (Consejo Nacional Electoral) y otras autoridades involucradas. Desde el punto de vista legal, la medida es inconstitucional porque vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como el derecho a la participación política(Art. 61) y la transparencia y acceso a la información(Art. 18). Además, la Ley Orgánica Electoral prohíbe reformas dentro del año previo a elecciones(Art. 7), lo que refuerza su ilegalidad. Penalmente, las acciones relacionadas con la limitación de derechos electorales podrían configurar delitos como la obstaculización del proceso electoral (Art. 331 COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años a quienes impidan u obstaculicen cualquier fase del proceso electoral. Asimismo, el fraude electoral (Art. 334 COIP) penaliza la alteración de resultados o el impedimento del escrutinio, con penas de cinco a siete años. En el caso de servidores públicos responsables de estas infracciones, podrían además ser inhabilitados para ejercer cargos públicos. Dependiendo de la aplicación de la medida y su impacto en el proceso electoral, otras figuras como abuso de autoridad(Art. 294 COIP) y prevaricato(Art. 268 COIP) también podrían considerarse.
También la prohibición del uso de celulares contradice el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que protege el derecho a la participación política sin restricciones arbitrarias. La OEA ha señalado que medidas que limiten la transparencia electoral pueden vulnerar este derecho, exponiendo a Ecuador a sanciones y cuestionamientos internacionales.
Hay que considerar que, la prohibición de llevar celulares, se inscribe en un contexto más amplio de deterioro de las libertades políticas y civiles en Ecuador. En los últimos años, hemos sido testigos de un grave retroceso en las condiciones materiales de vida de la población en términos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así, durante el gobierno de año y medio de Noboa, se han acumulado denuncias sobre abusos de poder, deterioro de los derechos políticos y violaciones a los derechos humanos. Entre los casos más graves está la desaparición y asesinato de cuatro niños afroecuatorianos en Guayaquil, presuntamente a manos de militares. Además, la fiscalía ha sido señalada por persecución a opositores, mientras que el asalto a la embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas desató una crisis diplomática. Noboa también ha gobernado por decreto, sin que la Corte Constitucional, que está bajo su control, pueda intervenir, y sin control del legislativo por falta de mayorías. También ha declaro un conflicto armado interno, en 2021, que le ha permito abusar de los estados de excepción, abriendo la puerta a una serie de abusos de fuerza en contra de las poblaciones más pobres del país, sin que hasta la fecha hayan logrado detener a uno de los jefes de la mafia. Estas acciones, como no podía ser de otro modo, han generado preocupación internacional sobre una posible deriva autoritaria, que para los ecuatorianos ya es un hecho.
La persecución política también se ha intensificado: después de haber logrado un acuerdo de unidad entre el progresismo y la izquerda, la Fiscalía notificó procesos penales en contra de Andrés Arauz, secretario general del partido Revolución Ciudadana, y de Leonidas Iza, candidato de los movimientos indígenas y de amplios sectores de la izquierda. Estas denuncias, carentes de sustento, reflejan el uso del aparato judicial como un mecanismo de lawfare para perseguir a la oposición política, al igual que en 2021 cuando se difundieron acusaciones sin pruebas sobre la financiación de la campaña de Arauz por parte de la guerrilla del ELN, o la infundada afirmación de que el correísmo estaba detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Ninguna de estas acusaciones delirantes fue jamás probada, y en la actualidad no existen juicios en pie sobre estos temas, lo que demuestra su carácter meramente político y su falta de fundamento jurídico.
Hay que decir que esta unidad de las izquierdas representa un hecho político inédito y de gran trascendencia: la histórica unidad entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Revolución Ciudadana. Esta convergencia entre el movimiento indígena y el progresismo ecuatoriano representa una amenaza real para el modelo político y económico que ha gobernado en los últimos años, y es, sin duda, una de las principales preocupaciones del gobierno de Daniel Noboa. La unión de estos sectores políticos refleja la creciente demanda social por un cambio estructural y por la recuperación de los derechos políticos y económicos de la ciudadanía.
Ahora, regresando a la prohibición de llevar celulares… Ante esta situación, miles de ciudadanos han manifestado en redes sociales su desobediencia a la medida, argumentando que no cuenta con respaldo legal. No obstante, el control de los recintos electorales por parte de las fuerzas armadas podría derivar en coerciones que atenten contra el derecho de los ecuatorianos a documentar posibles irregularidades en el proceso. La incertidumbre sobre cómo se desarrollará esta inédita situación plantea una interrogante no solo para Ecuador, sino para la comunidad internacional.
Hay que detener que el Estado sea utilizado como un instrumento de represión y manipulación política. En este sentido, es imperativo que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de control exijan la rendición de cuentas de las autoridades electorales y denuncien cualquier intento de obstaculizar el ejercicio del voto libre e informado.
Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse atenta a los acontecimientos del 13 de abril de 2025, observando de cerca la implementación de esta medida y cualquier otra acción que pueda vulnerar los derechos políticos de los ecuatorianos. Es crucial que organismos internacionales de derechos humanos, misiones de observación electoral y la prensa independiente sigan el proceso y actúen en caso de detectar irregularidades.
Hacemos un llamado a las instituciones del Estado ecuatoriano para que rectifiquen esta disposición arbitraria y garanticen un proceso electoral transparente, seguro y conforme a la Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos políticos y electorales. La legitimidad de los resultados y la estabilidad democrática del país dependen del respeto irrestricto a los derechos de participación ciudadana.
Quito, 14 de marzo del 2025.
Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES.
