El Centro de Derechos Económicos y Sociales- CDES, conjuntamente con Terra mater y el Centro de Derechos Humanos de la PUCE, elaboraron un informe alternativo para 93° sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD). El informe examina la situación de los pueblos indígenas en el Ecuador, en torno a las obligaciones adquiridas por el Estado (1996), frente a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial.
Una vez finalizada la sesión, el CERD observó en su informe final, la preocupación sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento, el impacto de las industrias extractivas sobre territorios indígenas y la violación al derecho de consulta previa, libre e informada.
Sobre estas preocupaciones, el Comité recomendó adoptar,
“(…) sin demora, medidas apropiadas que garanticen la protección de la salud y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario o contacto inicial, y tome las medidas necesarias para garantizar su debida implementación. Asimismo, le alienta a dar cumplimiento efectivo al artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador y a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2006 con relación a los Pueblos Tagaeri y Taromenane.”
Sobre el impacto de industrias extractivas, el informe manifiesta la preocupación sobre informaciones relativas al impacto negativo de las actividades extractivas que se desarrollan en territorios ancestrales y que afectan a las formas tradicionales de subsistencia de pueblos y nacionalidades. Por ello, exhortó al Estado, a garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos territoriales de pueblos indígenas y afroecuatorianos, frente a la incursión de actores externos del sector privado que estén interesados o usufructúen de sus recursos naturales.
El Comité reiteró y fue enfático, sobre la necesidad de garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, con miras a obtener el consentimiento de poblaciones indígenas y afroecuatorianas sobre disposiciones legislativas o administrativas que puedan afectar el derecho a la tierra y a los recursos naturales que poseen tradicionalmente. También, recomendó investigar las denuncias en torno al desplazamiento de familias del pueblo Shuar Arutam, afectados por el proyecto minero San Carlos Panantza.
Desde la sociedad civil, celebramos y felicitamos al CERD por el resultado de la sesión. Y hacemos un llamado al Estado ecuatoriano, para que atienda las recomendaciones dispuestas por el Comité y cumpla efectivamente con todas las obligaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
INFORME ALTERNATIVO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) Informe CERD Ecuador-CDES
INFORME DEL COMITÉ DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Observaciones CERD
