Pronunciamiento CDES
El mandato de las sociedades albergadas bajo el estado de derecho, no es otro que la obligación de garantizar y tornar efectivas las acciones para asegurar el pleno ejercicio de derechos de su población sin discriminación ni exclusión alguna. En ausencia de este mandato fundamental, no es posible la existencia de un Estado de Derecho, ni la convivencia democrática.
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; es una sociedad organizada en torno a la democracia moderna sustentada a su vez en la progresión de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. No es una sociedad fundada en la teología, en la metafísica o en la moralidad particular de un determinado grupo de individuos.
Desde hace varios años, un amplio, potente y diverso movimiento feminista ha emergido en Ecuador y en América Latina reivindicando el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia salud, sobre su cuerpo y a la regulación sobre su capacidad reproductiva, dejando en evidencia la pervivencia de estructuras autoritarias, opresivas y discriminatorias que naturalizan la dominación social sobre los cuerpos y las subjetividades de las mujeres, al tiempo que conculcan un cimiento básico de toda sociedad democrática: la plena participación de sus miembros en decisiones que atañan a si mismas y a la comunidad.
Frente a su emergencia, las alas más conservadoras de los partidos políticos, forjadores de opinión pública alineados con tesis discriminatorias, sectas y organizaciones religiosas han intentado bloquear sistemáticamente las diversas discusiones sobre temas como la planificación familiar o la despenalización del aborto en favor de perpetuar las estructuras de dominación y sometimiento de las mujeres al patriarcado. Para ello, han hecho uso de una serie de ficciones, argumentos religiosos y posturas intolerantes que apelan a la imposición de una única y exclusiva moralidad – la suya, por supuesto -, así como a la preeminencia de valores metafísicos y religiosos por sobre los considerandos de política pública y progresión de derechos.
Entendemos, por tanto, el tema de la despenalización del aborto sustantivamente como un problema de derechos, como un problema insoslayable frente a la consolidación de la democracia que actualmente excluye a la mitad de su población del más elemental derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, sobre las políticas de salud que les son necesarias y sobre la decisión y regulación de su capacidad reproductiva.
Una democracia que conculca el derecho a decidir a la mitad de la población no merece ser llamada democracia y un régimen que se sustenta en preceptos contrarios al derecho de las personas, no es un régimen cobijado por el Estado de derecho.
Desde CDES, hacemos pública nuestra adhesión a la lucha por la despenalización del aborto en Ecuador y ponemos a disposición nuestros esfuerzos y capacidades para sumarnos a los valiosos esfuerzos de los diversos movimientos feministas y movimientos de mujeres en el país y América Latina.
