La problemática respecto de la legitimidad de los procedimientos adoptados por el Estado ecuatoriano previo a la suscripción del convenio con Andes Petroleum no evidencian que los mismos hayan sido realizados acorde al principio de buena fe que debe regir los procedimientos de consulta, como los estándares y jurisprudencia internacionales prescriben. Planteada así la contradicción, una discusión abierta y diáfana se torna urgente.

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