CDES
El 14 de enero la CIDH publicó las Observaciones de su visita al Ecuador que contienen importantes cuestionamientos al incumplimiento del Estado de respetar derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad personal en el contexto de las protestas sociales de Octubre en contra de las medidas económicas del gobierno nacional.
Sin embargo, la CIDH también hizo mención sobre el estado de los derechos económicos y sociales afectados por las medidas de austeridad. Nos parece que es necesario subrayar las observaciones realizadas sobre las medidas económicas porque, tal como lo reconoce la propia CIDH, éstas constituyen la fuente de un conflicto social todavía latente y que podría expresarse nuevamente con el anuncio de nuevas medidas económicas o con la reacción social a los impactos económicos generados por la recesión económica lograda por el plan de ajuste estructural.
Ninguna de estas medias económicas han sido justificadas, al contrario se ha impedido canalizar la preocupación de distintos actores sociales que han manifestado su preocupación por el enorme impacto de la austeridad regresiva. De hecho, con el argumento de que el acuerdo con el FMI es un acto administrativo sin efecto sobre los ciudadanos, recientemente la Corte Constitucional inadmitió una demanda sindical de inconstitucionalidad de ese acuerdo. Lo cierto es que el gobierno no se ha preocupado de mostrar que está justificado la afectación de derechos laborales, salud, educación, seguridad social. En palabras de la CIDH para recordarle al Gobierno que “Está vedado al Estado adoptar políticas, medidas y sancionar normas jurídicas que, sin una justificación adecuada y convincente, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. El Estado tiene el deber de rendir cuentas sobre cómo se han movilizado, hasta el máximo, los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de esos derechos.”
La CIDH también señala que las medidas de austeridad no contaron con procesos de participación, consulta y transparencia. El resultado es que la política económica podría tener efectos regresivos sobre los derechos económicos y sociales de la población por efecto de medidas que no cumplen con los principios internacionales de derechos humanos que requieren que las medidas sean temporales, proporcionales y no vulneren a los grupos tradicionalmente marginados como las mujeres, indígenas, jóvenes y los hogares de trabajadores pobres.
A continuación, a modo de resumen copiamos los párrafos más relevantes sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que aparecen en las observaciones de la CIDH sobre Ecuador.
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Además, sobre las medidas económicas adoptadas por Ecuador mediante el Decreto Nº 883, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo notar que carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana, transparente y participativo; así como de una evaluación de impacto en términos de progresividad. En ese sentido, la CIDH y su Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hacen un especial llamado a Ecuador, a fin de que, en toda adopción de posibles medidas de austeridad, como de reformas económicas o fiscales que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA, asegure que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones y participando de las políticas de implementación y evaluación del impacto de las medidas avanzadas. La Comisión Interamericana y su REDESCA se ponen más una vez a disposición de Ecuador para coadyuvar en la implementación de los estándares internacionales en la materia. (…)
La CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), observaron que las medidas económicas adoptadas por el Decreto Nº 883 carecieron antes de su adopción de un proceso de consulta ciudadana ni evaluación de impacto en términos de progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que pudieran verse afectados, tomando en cuenta los compromisos y estándares internacionales vigentes para Ecuador, en el marco de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos.
Durante la visita autoridades nacionales indicaron a la CIDH que la reforma pretendía controlar el contrabando de combustible y contenía medidas de carácter social para contrarrestar los posibles impactos de la supresión de los subsidios al combustible en las personas y colectivos más desfavorecidos; no obstante, según la información recibida las medidas no habrían sido adecuadamente consultadas ni socializadas con la ciudadanía. Asimismo, según dicha información, un sector no menor de la población habría considerado estas medidas lesivas para sus intereses y derechos adquiridos, protestando contra las mismas. En ese sentido, la CIDH y su REDESCA saludan que posteriormente la Presidencia de la República haya invitado a todos los sectores involucrados a un proceso de diálogo nacional, que inició el 13 de octubre de 2019 y contó con la participación de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en calidad de facilitadores del diálogo. El diálogo se mantiene hasta la fecha, a través de mesas con distintos actores, y presididas por las más altas autoridades del Estado, el señor Presidente de la República, el Vicepresidente y varios ministerios.
Ante propuestas de medidas de austeridad o reformas económicas que puedan afectar el acceso y disfrute de los DESCA, la CIDH y su REDESCA ha llamado a los Estados “a fin de que cuando se propongan adoptar medidas de austeridad o reformas económicas que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA, se asegure que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones. De igual manera, tales medidas o reformas deben basarse en análisis de impacto en materia de derechos humanos, considerando las obligaciones en la materia que rigen para los Estados Miembros de la OEA”.
En dicho marco, la CIDH y su REDESCA resalta los “Principios Rectores sobre la evaluación de impacto en los derechos humanos de las reformas económicas” de Naciones Unidas, como una guía orientadora para los Estados y otros interesados para asegurar el respeto y el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Asimismo, la CIDH toma nota de las Observaciones Finales formuladas a Ecuador el 14 de noviembre de 2019, tras el examen del Cuarto Informe Periódico de Ecuador de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dicho documento, el Comité expresó preocupación por el impacto de las medidas de austeridad sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y recomendó al Estado, entre otros aspectos, evaluar previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida para responder al deterioro económico, a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos. Asimismo, orientó a Ecuador a tener en cuenta que las medidas regresivas solo son compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si son necesarias y proporcionadas, en el sentido de que la adopción de cualquier otra política o el hecho de no actuar resultaría más perjudicial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales; y además, deben haber sido consultadas con las poblaciones afectadas y estar sujetas a un examen independientes. (…)
En este escenario y, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado al ratificar tratados como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Protocolo de San Salvador, y en la búsqueda de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030, un enfoque de derechos resulta indispensable al momento de definir las políticas económicas y fiscales del Ecuador, lo cual incluye especialmente aquellas medidas de ajuste que puedan suponer interrupciones o regresiones al desarrollo progresivo de los DESCA. Como la CIDH ha señalado en su informe sobre Pobreza y Derechos Humanos: “Está vedado al Estado adoptar políticas, medidas y sancionar normas jurídicas que, sin una justificación adecuada y convincente, empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. El Estado tiene el deber de rendir cuentas sobre cómo se han movilizado, hasta el máximo, los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de esos derechos.”
La Comisión también toma nota de la información que el 31 de octubre las organizaciones indígenas del Ecuador presentaron al gobierno una propuesta que busca ser una alternativa al modelo económico y se plantea “que la riqueza que es creada por todos los ecuatorianos sea distribuida de forma equitativa y que nos permita construirnos como una sociedad libre, justa, democrática, participativa y que resuelve sus conflictos desde el diálogo, la paz social y la búsqueda de consensos.”
Además, sobre las medidas económicas adoptadas por Ecuador mediante el Decreto Nº 883, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo notar que carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana, transparente y participativo; así como de una evaluación de impacto en términos de progresividad. En ese sentido, la CIDH y su Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hacen un especial llamado a Ecuador, a fin de que, en toda adopción de posibles medidas de austeridad, como de reformas económicas o fiscales que puedan afectar el acceso y disfrute a DESCA, asegure que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones y participando de las políticas de implementación y evaluación del impacto de las medidas avanzadas. La Comisión Interamericana y su REDESCA se ponen más una vez a disposición de Ecuador para coadyuvar en la implementación de los estándares internacionales en la materia.
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(Recomendaciones) e. Mantener, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por las autoridades.
