Las nuevas medidas laborales atentan contra el cumplimiento de la protección para enfrentar el COVID 19 porque generan incentivos para buscar ingresos fuera de la cuarentena

Nuevas medidas laborales promueven que los trabajadores financien la cuarentena de la empresa con sus vacaciones y salarios. En cambio, hasta ahora no se han anunciado medidas para precautelar los puestos de trabajo, la seguridad laboral o el nivel de los salarios.

Así, mediante el Acuerdo Ministerial  Nro. MDT-2020-080, del 28 de marzo del 2020, se establecen nuevas reformas laborales para el período de duración de la declaratoria de emergencia. El artículo 3 permite al empleador entrar en mora (suspender el pago de salarios) con los trabajadores, con el agravante de que no se establecen plazos máximos para cumplir con los pagos. Esta medida obstaculiza el cumplimiento cabal de las medidas de emergencia sanitaria: al privar a los trabajadores de sus salarios, se incentiva a que no se cumpla la cuarentena obligatoria, obligando a los trabajadores a salir de sus hogares a buscar sus medios de subsistencia.

Mientras el artículo 4 permite al empleador usar las vacaciones acumuladas de los trabajadores para descontar los días no trabajados durante la cuarentena. En la práctica esta medida impediría tomar la cuarentena sin perder el privilegio de vacaciones.

Recordamos que las primeras reformas laborales para hacer frente al Covid 19, del 15 de marzo del 2020, ya establecía que las jornadas perdidas por suspensión para la cuarentena, podrían ser recuperables. Hasta el sábado pasado se habían acogido a la suspensión 7 501 empresas y 126 900 obreros.

(Art.7, párrafo 5)

El conjunto de todas estas medidas ofrece ventajas a las empresas y pone una mayor carga para las personas que realizan el trabajo. Llamamos la atención al Ministerio de Trabajo para que proteja los derechos de los trabajadores y trabajadoras, considerando las medidas de protección laboral a las que están acudiendo varios países en el mundo con el fin de superar la crisis sanitaria.

CDES, 29 de marzo del 2020.