Participamos en esta publicación sobre el uso de DEGs en Ecuador, Argentina y Paraguay
- En el año 2021 el FMI asignó 456.500 millones de DEG (equivalente a unos US$ 650.000 millones), lo que permitió abordar la necesidad mundial de reservas a largo plazo y liquidez para respaldar una recuperación mundial sostenible y resiliente.
- La asignación de DEG benefició especialmente a países de ingresos medios y bajos que luchan para hacer frente a los estragos de la crisis de COVID-19.
La crisis de la pandemia demostró la extraordinaria capacidad de creación monetaria de los países más ricos del planeta. La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) ha sido la principal política global que benefició a países de ingreso medio, como en el caso de los países de América Latina, los cuales fueron golpeados por la crisis y con escaso espacio fiscal para atender las urgentes necesidades de su población y su economía.
En tiempos de crisis los países han tenido que acudir a un mayor endeudamiento, considerando que el acceso a financiamiento concesional es prácticamente nulo para la región. Los DEG han permitido disponer de liquidez sin aumentar el stock de deuda y sin imponer condicionalidades o políticas de austeridad.
Después del primer año de asignación de DEG, son 105 los países que han utilizado los DEG que les fueron asignados en el mundo y 22 en América Latina. Este informe identifica el uso que se les ha dado en tres países de la región: Argentina, Ecuador y Paraguay; con distintos mecanismos, beneficios y lecciones aprendidas.
Una asignación de mayor alcance, asignaciones continuas a futuro, criterios de distribución justos y una redistribución sin aumentar el riesgo de sobreendeudamiento, son algunos de los desafíos que se encuentran en la agenda de la arquitectura financiera global y que son clave para superar la crisis, lograr una recuperación justa, el logro de la Agenda 2030 y de la agenda climática.
Es importante que distintos actores, como parlamentarios, organizaciones de sociedad civil, movimientos de mujeres, sindicatos, jóvenes, pueblos indígenas, etc., conozcan que, además de los ingresos tributarios y de la deuda, existen otras fuentes de financiamiento para el desarrollo, con el fin de demandar y conocer su uso y destino.
