El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) saluda la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Ecuador del 1 al 3 de diciembre que estará encabezada por Stuardo Ralón, relator para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, y estará compuesta por la Secretaria Ejecutiva y la Secretaria Ejecutiva Adjunta. La visita de la CIDH tiene como objetivo verificar y generar acciones urgentes frente a la grave situación del sistema carcelario nacional y la situación de las personas privadas de su libertad, después de los asesinatos registrados, que ya suman 320 muertos, solo en este 2021 y que han recibido la enérgica condena de este órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Se debe señalar que a pesar que la CIDH ha instado de manera insistente al Estado ecuatoriano a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia, así como para prevenir la repetición de estos hechos. Las muertes y hechos de violencia en las cárceles del país se siguen produciendo.
En este marco, se debe resaltar que el permanente desmantelamiento del Estado es responsable de estas y otras violaciones a los derechos humanos que ocurren en Ecuador. El Sistema carcelario nacional se encuentra en completo abandono y muchas de las personas que se encuentran privadas de su libertad, pagan condenas por delitos que encuentran su origen en las inmensas desigualdades estructurales, la violencia institucionalizada, un débil sistema de justicia, la permanente desinstitucionalización del país, y la persecución política que es utilizada para callar todas las voces disidentes, como ocurrió con muchas de las voces de octubre de 2019 que se pronunciaron contra las medidas neoliberales del FMI.
Es motivo de preocupación que, ante estas situaciones, el Gobierno ha respondido únicamente con un discurso belicista, generando una narrativa de un país en guerra en el que las muertes en las cárceles son naturalizadas y busca posicionarse un discurso que niega derechos a las personas privadas de la libertad.
Por otra parte, el Gobierno de Ecuador ha señalado que buscará asesoría internacional del Gobierno de Colombia. Esto debe ser rechazado con firmeza, puesto que ya se conocen los resultados desastrosos en materia de derechos humanos que ha tenido la aplicación de una visión securitista y punitivista que han sido probadas y fracasadas en otros países de la región.
En este contexto, el CDES hace un llamado a la CIDH a analizar la situación que vive el país en el marco de la integralidad e interdependencia de los Derechos Humanos. Exhortamos a la Misión de la CIDH a que considere el efecto sobre la gestión de las cárceles que ha tenido la austeridad fiscal y la reducción del presupuesto público que permite sostener los estándares de servicios para garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad y ahondar en problemas estructurales como la criminalización de la pobreza y la protesta social.
Hacemos un llamado urgente para que la Misión de la CIDH pueda obtener la información necesaria y resaltar las voces de la sociedad civil para que se puedan generar propuestas desde un enfoque de seguridad humana y derechos humanos y que den cuenta del actual sistema caduco que ahonda aún más las desigualdades y pobreza por las que atraviesa el país.
Nos mantendremos atentos al informe y recomendaciones que resulten de esta visita.
